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Once muertos tras enfrentamientos en Guerrero; CNDH pide medidas cautelares

Un enfrentamiento entre presuntos policías comunitarios y hombres armados en la comunidad de La Concepción, en Acapulco, Guerrero dejó al menos 11 muertos y varios heridos la madrugada del domingo 8 de enero.

Roberto Álvarez, vocero del Grupo Coordinación Guerrero, detalló que al lugar arribaron 150 elementos federales y estatales, con el apoyo del Ejército tras que recibieran reportes sobre actos de violencia en la comunidad.

Supuestamente el enfrentamiento fue encabezado por Marco Antonio Suástegui Muñoz, exvocero del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, y que actualmente dirige la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero; grupo que se disputa con la policía comunitaria el control de Bienes Comunales de Cacahuatepec.

La gresca dejó un saldo de ocho muertos, dos de la Policia Comuniaria y otros seis civiles armados que iban encapuchados.

Al llegar la policía federal se dio un nuevo enfrentamiento con los comunitarios, quienes impidieron que se realizaran las diligencias para esclarecer los hechos. Tales como el levantamiento de cuerpos. Esto provocó otros 3 muertos.

En palabras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan fueron detenciones arbitrarias y una ejecución extrajudicial de los tres policías comunitarias.

También fueron reportadas agresiones a la prensa que cubría el hecho. El fotoperiodista Bernardino Hernández dijo a Debate que fue golpeado por policías estatales, quienes le quitaron la memoria a sus dos cámaras.  

Este diario reporta que el corresponsal de AP y Proceso está hospitalizado por lesiones en las extremidades y en la cabeza.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Guerrero conducirse con apego a la ley. Dar el debido proceso a los 38 policías comunitarios que resultaron detenidos y dar atención integral al reportero que resultó herido.

"Sin prejuzgar sobre la veracidad de estos hechos, la Comisión Nacional pide al Fiscal General del Estado de Guerrero, Javier Ignacio Olea Peláez, dicte de inmediato las instrucciones que correspondan, a fin de que las diligencias que se practiquen en la comunidad La Concepción, se realicen con estricto apego a derecho y respeto a derechos humanos

La implementación de las medidas precautorias es por tiempo indefinido y el Gobierno de Guerrero debe dar respuesta a la petición de manera inmediata.

La solicitud de medidas cautelares fue dirigida al Fiscal General de Guerrero, al Secretario General de Gobierno y al subsecretario de Derechos Humanos de la entidad.

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