Juicio a expresidentes: claves para entender la consulta ciudadana

Juicio a expresidentes: las claves para entender la consulta ciudadana

A raíz de las denuncias hechas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que la única posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes de México, que hayan incurrido en algún delito o acto de corrupción, es a través de una consulta popular o ciudadana.

En una primera solicitud, 15 senadores de Morena presentaron un escrito para llevar a cabo este procedimiento, pero fueron rechazados por la Mesa Directiva del Senado por no cumplir con el número de firmas necesarias (43).

Luego de que el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, también presentara una solicitud de consulta ante la Cámara de Diputados, el pleno aprobó el formato para la obtención de firmas, previa autorización del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Debe garantizarse el derecho a la verdad y la justicia del pueblo de México por los hechos de corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República mediante las investigaciones correspondientes, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia?, es la pregunta que se haría a los ciudadanos.

¿Quiénes pueden solicitar una consulta popular?

En el artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular, publicada en 2014, señala que quienes podrán solicitar una consulta de este tipo son: el presidente, una tercera parte de las dos Cámaras del Congreso o los ciudadanos, quienes deberán recolectar las firmas de por lo menos 2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

Te compartimos este video donde damos más detalles sobre estas opciones:

En los casos en que el presidente o los legisladores soliciten la consulta popular, ésta deberá ser aprobada por la mayoría de las Cámaras de Senadores y Diputados. Después de deberá ser turnada a la Comisión de Gobernación y a las comisiones que correspondan, dependiendo de la materia de la petición.

Una vez aprobada por el Congreso, la solicitud de consulta popular será enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que este organismo pueda determinar si tiene o no constitucionalidad.

En caso de que la consulta sea aprobada por el máximo tribunal, el Congreso expedirá la convocatoria de consulta popular mediante decreto. El INE será la institución encargada de planificar y supervisar el ejercicio.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular, la solicitud podrá presentarse ante el Congreso a partir del 1 de septiembre del segundo año de cada Legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo al de una elección federal.

Vale la pena recordar que quien ocupe la presidencia de la República solo puede ser acusado, durante el tiempo que dure en su cargo, por traición a la patria y por delitos graves del orden común.

Pero al concluir su mandato puede ser juzgado por cualquier delito cometido antes, durante o después de su administración.

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