Ana María: la historia de un suicidio en el Metro y las fallas que revela

De Ana María Ortiz y de sus hijos nunca supimos prácticamente nada. De su existencia, y solamente eso, nos enteramos ese 6 de marzo de 2020, cuando decidió aventarse al Metro de la CDMX, en la estación Niños Héroes de la Línea 3, lo que interrumpió brevemente el servicio.

Y ya… fue todo. Ni siquiera el hecho de que se aventara con un bebé y de que intentara jalar a otro niño sirvió para conmover a alguien. Para que alguien se preguntara qué había sucedido. Simplemente fue una nota de un rato… y nada más.

Pero en Animal Político, el medio donde colaboro, decidimos investigar a fondo qué había sucedido. Y les adelanto que no fue fácil porque Ana María vivió una vida de olvido que continuó incluso después de su muerte.

¿A qué me refiero? Déjenme contarles esta historia de manera cronológica, pero les adelanto algo: este es un crimen que tal vez, y solo tal vez, se pudo haber evitado si a alguien le hubiera importado.

¿Quién era Ana María?

Lo que pudimos averiguar es que era una mujer sin un empleo fijo. Que vivía en Ecatepec en una zona que ni las autoridades conocen, pero que viajaba diario a la Ciudad de México para vender dulces en la calle, principalmente en la Alameda y en Garibaldi.

Era madre de tres hijos y era madre soltera. Los tres niños llevaban sus apellidos.

Sus dos hijos mayores. Juan de 12 años y Guadalupe de 9 años, estudiaban en una primaria en la colonia Doctores. Cuando salían de la escuela su mamá los recogía para que la acompañaran a vender los dulces. El tercer niño, Jesús, era solo un bebe de dos años.

Los hijos de Ana María son la pieza clave en esta historia. Semanas previas al suicidio ocurrieron cosas con ellos que precipitaron este desenlace. La primera de ellas en diciembre de 2019 cuando los dos niños mayores escaparon de la primaria donde estudiaban.

Ana María fue a denunciar a la Fiscalía de la Ciudad de México que sus hijos no aparecían, que no estaban en la escuela.

Las autoridades emitieron una Alerta Amber, como se le conoce al protocolo para localizar a niños que pudieran estar en riesgo. Afortunadamente, unas horas después, ambos niños aparecieron deambulando en las calles, pero sanos y salvos.

El segundo hecho grave ocurrió el pasado 1 de enero, en pleno año nuevo. Los dos niños fueron descubiertos robando en una tienda Suburbia en Plaza Tepeyac y la policía los detuvo. Pero ojo con esto: al niño mayor decidieron separarlo de su hermana porque consideraron que ya era un adolescente y un delincuente primerizo, por lo que decidieron liberarlo.

Sin embargo, Guadalupe, la niña de 9 años, no fue liberada. Fue enviada a la agencia 59 del Ministerio Público que se especializa en cosas de menores de edad y se notificó al DIF. El objetivo era averiguar en qué circunstancias vivía Guadalupe y si se le podía regresar a su familia.

Lo que ocurrió a partir de aquí fue un juicio anticipado de lo “mala madre” que era Ana María. Las autoridades, por ejemplo, vieron mal que ella se tardara un mes en reunir los documentos necesarios para pedir que le devolvieran a su hija.

Otro hecho que el DIF vio con muy malos ojos es que la niña tuviera piojos en el cabello. “Puedes ser pobre pero limpia” me dijo uno de los funcionarios involucrados, pero yo me pregunto: ¿alguien sabía si Ana María tenía realmente agua donde vivían?… NO. Porque no sabían ni donde vivía.

Y a esto se sumaba lo ocurrido en el Suburbia a principios de año. “¡La culpa es de la madre!” me dijo una funcionaria. Porque esto de utilizar a niños “para robar”, suponiendo que ese hubiera sido el caso porque no le constaba, es como una forma de trata de personas.

Y así llegamos al trágico día del suicidio en marzo pasado. Pero antes de que esto ocurriera Ana María se presentó en la agencia 59 a pedir que ya le devolvieran a su hija y ya tenía todos los documentos.

Sin embargo, un psicólogo del DIF la evaluó y le dijo que no se la iban a dar porque emocionalmente no estaba bien. Y le advirtió que si no tenía otro familiar al que le pudieran entregar a la niña buscarían a otra familia para dársela.

Tras escuchar esta noticia Ana María salió de la agencia. Caminó dos cuadras y media y entró al Metro, a la estación Niños Héroes. Cuando llegó al tren se aventó a las vías y lo hizo con su bebé que llevaba en brazos. Su hijo mayor de 12 años alcanzó a soltarse de milagro de la mano de su madre. Ella intentó jalarlo, pero él fue más fuerte.

Al recordar estos hechos un funcionario del DIF me dijo: “¡¿ves?, teníamos razón! La señora no estaba bien”. Pero yo me pregunto: ¿realmente la tenían o fueron ellos los que provocaron este desenlace?

Las fallas del Estado

Por supuesto esta es una pregunta muy complicada de responder. No es sencillo, pero los especialistas a los que consultamos nos dicen que sí hay algo claro: El caso nos demuestran las fallas de una autoridad que hace lo mínimo indispensable o a veces ni eso, y que facilita este tipo de desenlaces.

Y es que, por ejemplo, la Ley General de Protección a la Infancia dice que se debe procurar siempre que los niños crezcan con sus familiares directos. Y que ni la pobreza, ni los malos cuidados que se deriven de ella, son suficientes para separar a unos niños de sus padres.

¿Qué debe suceder entonces cuando se detectan situaciones de riesgo como en el caso de Ana María? Que el gobierno, el Estado, debe ofrecer a la familia oportunidades para salir adelante, programas sociales, asistencia social, y todo aquello que garantice que los padres, o en este caso una madre, le puedan dar a sus hijos alimento, vestido, educación y todo aquello para un desarrollo normal.

¿Y qué le ofrecieron de esto a Ana María?… Nada. Al contrario: se dedicaron a juzgarla, decían que no sabía nada de ella. Es más, que ni siquiera sabían quien era la niña Guadalupe. Y eso que, ojo, recuerden, ya había un registro porque en diciembre del año pasado ella se había perdido y sus datos estaban en una ficha.

Es más… bastaba con que le hubieran preguntado a Guadalupe donde estudiaba para darse cuenta que su primaria estaba a solo dos cuadras y media de la agencia donde la tenía. En esa escuela estaban, por supuesto, los datos de Guadalupe y de su madre. Y la dirección donde vivían, a donde nunca les importó dirigirse.

Pero no, amigos… fue más fácil juzgar a Ana María. No tomar en cuenta, por ejemplo, que durante años mantuvo a sus tres hijos sanos y salvos. Con alimentos, con vestido y con deficiencias, si quieren, pero los mantuvo vivos, sin padre o sin alguien más que la apoyara.

Porque Ana María sí estaba sola. Después de que falleció ni siquiera se presentó alguien a reclamar su cuerpo ni el de su bebé. Su destino hubiera sido la fosa común si no es porque la Fiscalía de Ciudad de México decidió enterrarla en un panteón civil para que sus dos hijos mayores pudieran despedirse de ella.

Y los especialistas se preguntan… ¿por qué nadie le tendió una mano a Ana María? ¿Por qué nadie le ofreció programas sociales desde antes? ¿O por qué cuando se detectó que pasaba con sus hijos no decidieron apoyarla? ¿Por qué simplemente se le juzgó como una “mala madre”?

Todo lo que ocurrió realmente fue una decisión que le salvó la vida a Guadalupe o al contrario… fue una decisión que le terminó costando la vida a Ana María y a un bebé de dos años. Ahí está la pregunta.

Lo que las autoridades nos dicen, a las que consultamos por este caso, es que están tratando de construir un sistema desde cero. Que recibieron del gobierno anterior un sistema hecho pedazos. Que no hay protocolos de atención a las familias ni a los niños, que no hay registros, que no hay nada. Y no lo dudo. Y ojalá tengan éxito.

Pero creo que el caso de Ana María debe servir para una reflexión en conjunto, como sociedad. No solo es una falla de una dependencia. No estamos viendo a personas que están ahí. Personas que son “invisibles”, pero que existen.

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