Arturo Ángel diciembre 14, 2020Una de las banderas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el que él mismo ha llamado como el de la 4ta Transformación, ha sido sin duda el combate a la corrupción.
Que no son iguales se ha cansado de repetir el presidente una y otra vez. Que no se tolera, no se permite, no se admite la maldita corrupción.
Incluso ha dicho que ni su familia, ni sus hermanos, hijos, tíos, primas ni nadie tiene acceso a privilegios y ninguno recibiría dinero del presupuesto. Las escaleras, dice el presidente, se barren de arriba para abajo en su gobierno.
Pero al cumplirse ya dos años del actual gobierno, la tercera parte del sexenio. ¿Es verdad que ya no hay corrupción? ¿Qué luego del 1 de diciembre de 2018 todo cambio? Y tal vez lo mas importante ¿en verdad se está limpiando la casa o acaso es una simulación?
Partamos de lo más obvio. ¿se acabó la corrupción con la llegada de la cuarta transformación? ¿Se acabaron los conflictos de interés, los amiguismos, el tráfico de influencias y demás males que alguna vez don Enrique Peña Nieto dijo que eran casi culturales?
Pues NO, la respuesta claramente es NO. Y prueba de ello es que en los dos años del actual sexenio ya son varios los casos de posible corrupción que se han ido revelando.
Pero antes aclaremos algo que es la neta. Nadie, en términos realistas, esperaba que la corrupción (que es un padecimiento estructural y no cultural como decía Lord Peña Nieto) se acabara de un día para otro.
El problema… es que el presidente López Obrador no se cansa de decir un día si y al otro también que se terminó la corrupción y el influyentismo. Y pues la realidad es que no. Y prueba de ello son estos cinco ejemplos registrados ya en lo que va del sexenio.
El caso Lomelí
Mexicanos vs la Corrupción y la Impunidad reveló en mayo de 2019 que uno de los superdelegados estatales designados por el presidente, Carlos Lomelí en Jalisco, estaba detrás de una red de empresas farmacéuticas que había recibido múltiples contratos mientras el mismo era funcionario. Un clarísimo conflicto de interés, por decir lo menos.
Lomelí dijo que no, que todo era una calumnia, que querían manchar a la 4ta transformación. Pero en julio de ese año terminó dejando el cargo y en los meses siguientes la Secretaría de la Función Pública le impuso multas millonarias e inhabilitó a sus dos compañías por haber proporcionado información falsa en los procedimientos.
Los 18 superdelegados
Pero el que haya superdelegados de dudosa honestidad no parece ser la excepción sino la regla. Y es que aparte de Lomelí hay otros 18 superdelegados designados por AMLO que enfrentan denuncias por todo tipo de irregularidades, desde desvío de recursos y abuso de autoridad, hasta nepotismo y ejercicio indebido del servicio público.
Vamos que incluso que hay uno señalado hasta por abuso sexual. Y los casos, todos, corresponden a denuncias registradas en 2019 y 2020 que están bajo investigación.
Fallida reconstrucción
Cambió el gobierno, pero el mal manejo de los recursos de reconstrucción por los sismos de 2017 no. La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2019 todo tipo de irregularidades, desde omisiones y subejercios hasta posibles desvíos, en el gasto de 8 mil millones de pesos destinados para tareas de reparación.
Los hallazgos son resultado de siete auditorias que encontraron irregularidades en todo el año. Tanto en lo que se había destinado para reconstruir viviendas, así como lo destinado a hospitales y escuelas. Un desastre sobre otro desastre.
Felipa, la prima incómoda
El portal LatinUs reveló el pasado 3 de diciembre que Felipa Obrador, nada mas y nada menos que la prima hermana del presidente López Obrador, era contratista de Pemex y de varias dependencias del actual gobierno. Y que tan solo por dos contratos había recibido más de 365 millones de pesos.
Luego de conocerse la noticia el presidente reiteró que su posición era clara y que estaba en contra de que sus familiares recibieran dinero del erario, pero dijo que no sabía que esto había ocurrido. Y el 5 de diciembre Pemex anunció que suspendía los contratos y prometió una investigación para verificar las “omisiones” que permitieron que esto sucediera.
El “nuevo Odebrecht”
Y en un hecho muy reciente, del que todavía falta conocer las repercusiones, una empresa trasnacional de nombre VITOL confesó en Estados Unidos que había pagado mas de 135 millones de dólares en diversos países entre ellos México, para obtener contratos públicos. Ello a través de un esquema de sobornos muy similar al de Odebrecht.
Lo relevante es que de acuerdo con el expediente desclasificado por el Departamento de Justicia, en México estos pagos ocurrieron de 2015 a 2020 y el dinero fue para funcionarios de Pemex. Eso quiere decir que esto pasó con Peña Nieto, pero siguió en el actual sexenio. Insisto. Esta historia apenas comienza…
¿Qué tienen en común la mayoría de los casos que acabamos de repasar? Bueno, pues que NO los descubrieron o reportaron las instancias anticorrupción de actual gobierno, sino que, como sucedía antes, son revelaciones producto de investigaciones de organizaciones o medios de comunicación.
Y lo FEO es que en muchas ocasiones la respuesta presidencial a estos hallazgos ha sido descalificar a dichos medios con acusaciones de ser conservadores o de no haber dicho nada antes, cosa que por supuesta es falso. Ahí están múltiples reportajes de corrupción en el gobierno de Peña que lo prueban.
Pero lo peor es el riesgo de impunidad. El año pasado ya sucedió que Manuel Bartlett, el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, fue exonerado por la Secretaría de la función Pública pese a que un reportaje reveló que tenía bienes y empresas no declaradas.
¿Tenemos justicia o simulación en el combate a la corrupción? Ya veremos.. pero luego de dos años parece que la transformación, la cuarta transformación en este tema vital… aún no llega.
