El cártel inmobiliario en CDMX: la corrupción en la pandemia

Pobres ilusos de nosotros cuando pensamos que la victoria electoral de la 4T vendría con una forma diametralmente distinta de gobierno.

Los poderes fácticos parecen más enquistados que nunca y, al menos en la Ciudad, uno de ellos es el poder inmobiliario, para el que la crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad de oro ahora que la reactivación se sustenta en las obras privadas.

El pasado 24 de junio, justo el día de su cumpleaños 58, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentó junto con el presidente López Obrador el plan de reactivación económica de la Ciudad.

El programa se sustenta en la continuación de obras públicas y en la reanudación de desarrollos inmobiliarios, bajo el argumento de que la construcción es el catalizador de muchos otros sectores económicos.

Son 581 proyectos inmobiliarios grandes y pequeños, con una inversión de 50 mil 373 millones de pesos y la generación de 546 mil empleos directos e indirectos.

Suena muy bien, pero siempre hay un “pero” y son los vecinos de las zonas aledañas a muchos de esos desarrollos inmobiliarios, quienes por años han denunciado las irregularidades, abusos, los daños a su comunidad y la corrupción prevaleciente en torno a esas obras privadas.

Claro que no todas las obras adolecen de esos males, pero sí que el sector ha dejado un mal sabor de boca en muchas zonas de la Ciudad.

A pesar del riesgo de contagio de covid-19, en Coyoacán, habitantes de Villa Panamericana y la Unidad Habitacional Villas del Pedregal, en la Colonia Pedregal de Carrasco, reanudaron sus movilizaciones contra los proyectos inmobiliarios de Mantik Pedregal, High Park, Be Gran Alto Pedregal y City Express Cuicuilco, en Periférico Sur, en esa zona cercana a la sala Ollín Yoliztli.

Los vecinos acusan que las obras violan los niveles máximos permitidos, las excavaciones afectan las viviendas aledañas, los desarrolladores carecen de los impactos ambiental, hídrico y urbano, y más recientemente denuncian el incumplimiento de las jornadas laborales en esta nueva normalidad.

La respuesta de la jefa de gobierno es que ya instruyó al Invea y a la Seduvi para indagar el posible incumplimiento de la normatividad y expuso que no se permitirán obras privadas si enfrentan conflicto vecinal. Veremos.

El caso de Origina Santa Fe

Una golondrina no hace verano y por eso mencionamos otro caso emblemático de posible corrupción inmobiliaria, este en el poniente de la Ciudad, el de Origina Santa Fe, que incluso motivó un exhorto reciente desde el Congreso capitalino para que el gobierno de la Ciudad revise la legalidad de la obra.

El promotor de ese exhorto fue un diputado de Morena, Eduardo Santillán, quien solicitó además la realización de una consulta ciudadana vinculante.

Origina Santa Fe se trata de un proyecto habitacional que contempla la construcción de dos megatorres de 30 niveles cada una, con un total de 680 departamentos, a edificarse en la Carretera San Mateo-Santa Rosa, colonia Contadero, de la alcaldía Cuajimalpa.

Al predio le corresponden dos usos de suelo, uno que solo permite un máximo de cinco niveles, con la obligación de dejar 60 por ciento de área libre, mientras que el otro uso de suelo es un área verde de valor ambiental, es decir, no se pueden construir torres de 30 niveles y aún así las obras siguen.

La grave violación a la ley surge por la sospechosa entrega de un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo otorgado el 15 de marzo de 2017, “erróneamente emitido”, toda vez que el predio no se localiza en un área con potencial de desarrollo, lo que deja en evidencia nuevamente la corrupción inmobiliaria.

La Procuraduría Ambiental investiga. Por una parte, señaló que el proyecto contaba con permiso de demolición, pero por otro lado determinó que el certificado de zonificación fue erróneamente emitido.

¿Qué hizo la Seduvi? Pues que quiso subsanar la falta, y sin consulta vecinal, emitió un nuevo polígono de actuación para el proyecto, mismo que ahora es analizado por la Procuraduría Ambiental para verificar que se emitió con apego a la norma. O sea, el enemigo en casa.

El “error” en la Gaceta Oficial

Otro ejemplo sobre la sospecha que el cártel inmobiliario está metido hasta en la cocina fue un “pequeño error” publicado el 25 de junio en la Gaceta Oficial capitalina.

El diablo está en los detalles, dicen, y ese día se hizo presente con una actualización al Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 firmado por la misma jefa de gobierno.

En el documento y como por arte de magia se redujo de 30 a 20 el porcentaje mínimo de “vivienda incluyente” que los desarrolladores inmobiliarios tienen por obligación construir cuando se adhieran a ese Plan de Corredores Urbanos.

Verán. Desde noviembre del año pasado, Sheinbaum anunció un plan para impulsar 12 corredores urbanos, en avenidas y zonas como Eje Central, Hidalgo, Reforma Norte, el Centro Histórico, Tacubaya y Chapultepec.

Los empresarios que quieran realizar desarrollos inmobiliarios en esos corredores deben cumplir con la obligación de edificar ahí como mínimo 30 por ciento de vivienda incluyente, es decir, que la pueda adquirir población de escasos recursos.

Esa vivienda incluyente tiene un costo promedio de 400 mil pesos. El resto de los departamentos que edifiquen los empresarios en esos corredores puede ser vivienda media y residencial, es decir que ya vale más de un millón de pesos.

Pero en la Gaceta Oficial, de buenas a primeras se redujo esa obligación de 30 a solo 20 por ciento. ¿Ven dónde estaba el chanchullo?

Cuando le preguntamos a Sheinbaum se mostró sorprendida y dijo que ya mismo habría una corrección. Al día siguiente se publicó una fe de erratas en la misma Gaceta. Alguien quería meter gol.

Con todo lo dicho, ¿debe Sheinbaum sustentar la reactivación económica de la Ciudad en un sector tan mañoso? Porque al final de cuentas es negociar con un cártel, aunque sea de cuello blanco.

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