19S: El sismo que destapó la corrupción inmobiliaria en CDMX

Los desastres no son “naturales”. Son socialmente construidos a través de malas decisiones políticas, negligencia de autoridades y, en el caso del sismo del 19 de septiembre de 2017, por la corrupción inmobiliaria que opera en la Ciudad de México al amparo de la ley.

A medida que salían a la luz las evidencias de irregularidades cometidas en la construcción de edificios derrumbados, la indignación ciudadana crecía:

Inmobiliarias que utilizaron materiales de baja calidad, incumplimiento de reglamentos de construcción, documentación falsa para construir más pisos, negligencia de autoridades locales…

Así, historias como la del edificio de Álvaro Obregón 286, donde murieron 49 personas, o la del Colegio Rébsamen, que cobró la vida de 19 niños y 7 adultos, fueron marcadas por intereses particulares y la voracidad de inmobiliarias y constructoras. Todo en complicidad con las autoridades capitalinas.

En total, 228 personas murieron en la capital, 12 mil 253 edificios resultaron dañados y 38 colapsaron, varios de ellos de reciente creación; sin embargo, hasta la fecha ningún responsable (entre ingenieros, funcionarios y directores responsables de obra) ha sido llevado ante la justicia.

Corrupción inmobiliaria ¿corrupción legalizada?

Luego del terremoto de 1985 parecía que la CDMX había aprendido la lección. Se crearon leyes para endurecer los estándares en la construcción de inmuebles y así poder garantizar la seguridad de los capitalinos.

Pero el gusto nos duró poco. La ciudad comenzó a crecer sin control gracias a la corrupción de los diputados locales, quienes aprobaron normas y reglamentos de construcción a modo para permitir el desarrollo de grandes complejos urbanos, centros comerciales y torres altísimas en potenciales zonas de riesgo.

La lista de instrumentos legales que dejaron el camino libre para el “cártel inmobiliario” es interminable, pero tres de ellos en particular han sido los más polémicos:

Norma 26

La Norma 26, aprobada por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal (ALDF), se planteó en un principio como una iniciativa para impulsar y facilitar la construcción de viviendas de interés popular.

Este instrumento permitía construir más niveles y aumentar el número de viviendas en un predio, siempre y cuando se tratara de casas de interés social.

Sin embargo, fue suspendida luego de que las constructoras abusaron de los incentivos de esta norma para construir y vender a sobreprecio departamentos de lujo.

Polígonos de actuación

Un polígono de actuación permite cambiar los usos de suelo de una zona y fusionar varios predios para un objetivo en específico. En resumen, es ceder metro cuadrados entre un terreno y otro.

Se trata de seis zonas que la antigua ALDF aprobó en 2015 y 2017: Doctores, Tacubaya, Alameda-Reforma, La Mexicana, Granadas, Distrito San Pablo.

Estas zonas, conocidas como SAC’S, son un paréntesis en la ley: lugares donde prácticamente no se aplican las reglas de construcción de una alcaldía, pues en ellas se pretende llevar a cabo acciones específicas de intervención urbana.

Transferencia de potencialidad

La transferencia de potencialidad es un instrumento legal que permite ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción no edificada. En pocas palabras, vender a otro ‘el aire’ de los pisos que le están permitidos construir y que no ha ocupado.

Con esto, los desarrolladores inmobiliarios pueden hacer que un edificio de 6 pisos se convierta en uno de 20 pisos, sin importar la afectación vecinal.

Este recurso jurídico existe desde 1997 y es muy utilizado por el cártel inmobiliario. Con este esquema se pudo construir, por ejemplo, la Torre Mayor y más recientemente el Corredor Reforma.

¿Construir para reactivar la economía?

Actualmente, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha autorizado la construcción de 17 desarrollos inmobiliarios en Paseo de la Reforma. Algunos de ellos ya habían sido declarados irregulares por su propia administración.

No obstante, el gobierno local otorgó facilidades a estos proyectos para empezar la obra o regularizarla, incluso sin haber presentado estudios de suelo, obras de mitigación y permisos de construcción.

¿El argumento? “reactivar la economía” ante la emergencia por la pandemia de coronavirus.

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