Ecocidio en Xochimilco: puente vehicular amenaza el humedal Cuemanco

Entre grupos ciudadanos y organismos no gubernamentales se fortalece la idea de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha olvidado principios y orígenes, y no me refiero a temas feministas o de represión policial, sino ambientales.

Quienes hacen esos señalamientos han emprendido una lucha que va de lo jurídico a lo mediático para impedir lo que califican como un ecocidio.

La defensa vecinal de un humedal en Xochimilco, donde se construye un puente vehicular, ha puesto en jaque una obra millonaria de este gobierno, pero también ha sacado a relucir sus contradicciones.

De paso, también muestra la paradoja sobre la que se ha fincado el crecimiento de la Ciudad, la del desarrollo urbano mal planificado que ha dado al traste con el medio ambiente, en síntesis: la victoria del concreto.

Hace poco más de un año, el 11 de septiembre de 2019, Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un puente en Periférico Sur y Canal Nacional por una inversión de 680 millones de pesos. La obra tendrá una longitud de mil 745 metros y tres carriles viales por sentido.

El contrato se le adjudicó a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, IDINSA, de la que hablaremos más adelante porque, adivinen: es una compañía muy consentida por el gobierno de Sheinbaum, con millonarios contratos para otras obras públicas.

Cuando presentó el proyecto, la jefa de gobierno omitió decir que el puente en Periférico se edificaría sobre un Área Natural Protegida. Después y ya con la presión social encima, la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, lo tuvo que reconocer.

Ante el conveniente “olvido” oficial vecinos de la zona y concretamente la organización denominada Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco se encargó de denunciar el grave daño ambiental que se venía.

Desde entonces ese colectivo ha emprendido una serie de batallas jurídicas y una lucha social para denunciar que la obra del puente acabó con un humedal que incluso contaba con una clasificación internacional como parte del sistema lacustre.

Con esos y otros argumentos, como las pruebas de una tala de 600 árboles, se interpuso un amparo con el que se logró primero la suspensión provisional y más recientemente la suspensión definitiva de la obra.

Claro que desde el gobierno de la Ciudad no se han quedado callados. La jefa de gobierno dijo que el humedal era artificial, que se creó cuando a finales del siglo pasado se amplió el Periférico y que la mayoría de los vecinos quieren el puente, porque es necesario para resolver el grave problema de tráfico que se registra a diario en la zona.

Una semana antes de que el juez impusiera la suspensión definitiva de la obra, la misma jefa de gobierno presentó un plan de rehabilitación del humedal, con una inversión por 30 millones de pesos.

Dijo que una vez terminado el puente, el humedal se volverá a adaptar en el sitio y será más grande que el anterior, con tres hectáreas de extensión y conectará con otros ecosistemas de la zona.

Pero los opositores al proyecto acusan los efectos perniciosos del puente, porque acelerará la desaparición del suelo de conservación, algo que ya sucedió cuando se amplió esa zona de Periférico a finales del siglo pasado.

La Coordinación de Pueblos estimó que de seguir este paso de urbanización, en el año 2030 desaparecerá por completo la superficie ecológica de Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco.

Ahí les va otro dato. Resulta que un dictamen pericial entregado el pasado 21 de septiembre al juez que suspendió la obra reconoce que el puente va a generar un fenómeno llamado “tráfico inducido”.

¿Y qué es eso? Pues el aumento del flujo de autos derivado de ampliar la capacidad de la infraestructura vial y que en el caso de este puente se reflejará con un incremento de 10 por ciento en la cantidad de vehículos, es decir, a más asfalto más carros. Todo un círculo vicioso.

El gobierno de la Ciudad acató parcialmente la orden judicial, porque el juez ordenó detener la construcción solo en la parte del área natural protegida, que es la mitad de la obra.

En la otra mitad, la empresa IDINSA sigue con las excavaciones y la colocación de trabes y columnas, en espera de que se resuelva una impugnación del gobierno de la Ciudad contra el amparo promovido por los vecinos, porque el plan original era terminar el puente en este segundo semestre del 2020, lo que no ocurrirá.

Además de la obra en Periférico, IDINSA construyó otro puente vehicular en la Autopista México Puebla, en el límite de la alcaldía de Iztapalapa con el municipio de Los Reyes-La Paz. Es una obra de 50 millones de pesos.

Pero esa es una construcción chiquita, porque la cereza del pastel es un contrato otorgado en adjudicación directa, por la friolera de 2 mil 390 millones de pesos, para hacer la obra civil del que será el Trolebús Elevado sobre la avenida Ermita Iztapalapa.

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