Organizaciones argumentan que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos y la presunción de inocencia

Estos días se ha puesto en discusión la prisión preventiva oficiosa, una medida para algunas personas que son detenidas.

El tema salió porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está discutiendo si la elimina para algunos delitos y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está presionando para que no lo hagan.

Pero a todo esto ¿qué es?

¿Qué es la prisión preventiva?

La prisión preventiva es la medida cautelar impuesta a un acusado en la que un juez determina privar de la libertad de manera temporal para mantener la integridad de víctimas o testigos.

En México existen dos tipos:

  • Justificada: cuando hay riesgo de que el acusado se fugue, pueda dañar a la víctima o entorpezca las investigaciones y el proceso penal.
  • Oficiosa: las personas acusadas son enviadas a prisión de manera automática mientras dure su proceso, el cual puede durar años.

¿Qué delitos ameritan prisión preventiva oficiosa?

El segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política establece que esta medida se aplica cuando otras medidas cautelares no son suficientes.

En 2019 el Congreso amplió la lista de los delitos a los que se aplica este tipo de prisión:

  • Violencia sexual contra menores
  • Secuestro
  • Trata de personas
  • Desaparición forzada
  • Robo a casa habitación
  • Uso de programas sociales con fines electorales
  • Delitos de enriquecimiento ilícito
  • Robo al transporte de carga
  • Delitos de hidrocarburos
  • Delitos cometidos con medios violentos
  • Delitos en materia de armas de fuego y explosivos del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea
  • Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en libre desarrollo de la personalidad y la salud.

¿Por qué es polémica?

La discusión salió porque el ministro de la SCJN Luis María Aguilar presentó un proyecto para declarar inconstitucional a la prisión preventiva oficiosa.

Actualmente en México más de 92 mil personas que están en prisión con prisión preventiva por delitos graves, por lo que cuatro de cada 10 no han recibido una condena.

La prisión preventiva no debe convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivos-especiales atribuibles a la pena como la regla que prevé la prisión preventiva oficiosa”.

Luis María Aguilar

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, en nombre del gobierno de AMLO, argumenta que eliminar esta medida podría dejar en libertad a estas personas y habría una “gran impunidad”. Para justificar sus dichos en la mañanera del 2 de septiembre exhibió a jueces que liberaron a presuntos criminales que cometieron un delito grave.

Además aseguró que la Corte no puede eliminar una fracción constitucional, sino que le corresponde al Congreso.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos critican que esto viola la presunción de inocencia y se encarcela primero al presunto culpable antes de investigar. Es decir, una persona puede pasar años en prisión a pesar de no tener ni una prueba en su contra.

La Constitución establece que una persona puede permanecer en prisión durante dos años, pero debido a la enorme población carcelaria, pueden durar más tiempo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también exhortan a eliminar de manera urgente la prisión preventiva oficiosa. Consideran que viola;

  • Derechos humanos
  • Presunción de inocencia
  • Debido proceso y
  • Igualdad ante la ley

Cabe destacar que la discusión es para eliminar la prisión preventiva oficiosa, la justificada aún se mantendría.